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No se le está prestando mucha atención a las iniciativas del gobierno
ultraderechista polaco de los hermanos Lech y Jaroslaw Kaczynski, presidente
y primer ministro respectivamente.
Apenas llegados al poder crearon el Instituto de la Memoria Nacional cuya
misión es expulsar de la Administración pública a cualquier persona que
hubiese formado parte del anterior sistema socialista. Se trataba de una
medida de discriminación ideológica que se aplica con el silencio y
complicidad de las instituciones europeas. En algunos casos, incluso con el
apoyo de países como el Vaticano, quien aplaudió la expulsión de religiosos
como el arzobispo de Varsovia, Stanislaw Wielgus, acusado de haber apoyado a
los comunistas. El primer ministro, Jaroslaw Kaczynski, ha llegado a definir
el socialismo polaco como "un régimen de la chusma para la chusma".
En los recientes días se ha sabido que el gobierno ha puesto en marcha
medidas para eliminar de la historia del país el recuerdo de los brigadistas
polacos que combatieron en defensa de la República Española, a los que
califican de "traidores y criminales".
El gobierno prepara un proyecto de ley que suprimirá las rentas especiales
concedidas a los veteranos de la II Guerra Mundial y de la lucha contra el
fascismo, lo que afectará a los ex funcionarios de la policía y cuerpos de
seguridad, ex miembros de las fuerzas armadas comunistas y también a los
brigadistas. Además, el Instituto de la Memoria Nacional ha pedido la
eliminación de Varsovia de los nombres de todas las figuras y símbolos
comunistas, entre ellos el de los polacos de las Brigadas Internacionales.
Fueron más de 2.000 los ciudadanos de este país que dejaron su vida
defendiendo la democracia en España frente al fascismo. Ya antes, sus
nombres desaparecieron de las columnas de la tumba del soldado desconocido
en la capital, en las que están inscritos los nombres de todas las
principales batallas libradas por los polacos. Para el instituto, los
brigadistas fueron unos "traidores", porque combatieron en España para "construir
allí el comunismo".
Otra de las medidas que está intentando aplicar el gobierno polaco en
connivencia con la Iglesia católica es una mayor criminalización del aborto,
incluso tienen como objetivo que se prohíba en toda Europa. Y eso a pesar de
que la interrupción voluntaria del embarazo está penada en Polonia con dos
años de prisión, excepto en los casos de violación, incesto, peligro para la
vida de la madre o malformación irreversible del feto. La derecha polaca y
su gobierno quieren que se considere delito incluso en esos casos, tanto en
Polonia como en toda la Unión Europea.
Por supuesto, su concepto de defensa de la vida no es tan estricto cuando se
trata de participar en la guerra armamentística al servicio de Estados
Unidos. El gobierno de Varsovia ya ha comunicado a la embajada
estadounidense su interés por aceptar la oferta de construir en Polonia una
base con diez silos aptos para el lanzamiento de misiles al servicio de
Estados Unidos, lo que ha provocado la lógica indignación de Rusia.
Los cambios en Polonia también han afectado especialmente a la mujer. El
desplome de la industria nacional dejó a muchas de ellas sin trabajo. Las
guarderías y los jardines de infancia del sistema socialista fueron cerrados,
y las mujeres, de nuevo encerradas en un único papel en línea con la
dominante ideología de la Iglesia católica: el de ama de casa. Bajo la
influencia de la Iglesia, pero también de las revistas femeninas y de los
medios de comunicación de masas, la madre polaca se ha entronizado como
ideal al que hay que aspirar. Debe tenerse en cuenta que en Polonia todas
las cadenas privadas de televisión son abiertamente católicas. La Iglesia se
ha negado a la introducción de asignaturas de educación sexual en las
escuelas; sólo unos pocos tienen acceso a medios preventivos y los abortos
ilegales crecen, según ha denunciado la feminista y candidata presidencial
Maria Szyszkowska.
A los colectivos homosexuales tampoco les va mejor con el gobierno de los
hermanos Kaczynski, al mes de que llegaran al gobierno en octubre de 2005,
ya estaban prohibiendo una manifestación del colectivo gay en el país.
A todo ello hay que añadir las declaraciones del presidente, Lech Kaczynski,
pronunciadas el 28 de julio de 2006 en las que abogó por la reinstauración
de la pena de muerte en Polonia y en toda Europa, las cuáles fueron
respondidas con gran preocupación por Amnistía Internacional. Kaczynski
argumentó en la primera emisora de la radio pública polaca que "los países
que abolen esta pena conceden una extraordinaria ventaja al delincuente en
detrimento de la víctima: la ventaja de la vida frente a la muerte". Ya
anteriormente, la Liga de las Familias Polacas (Liga Polskich Rodzin, LPR),
uno de los partidos que integran la coalición gobernante, anunció una
campaña a escala europea en favor de la reinstauración de la pena de muerte
y un referéndum sobre la misma cuestión en Polonia.
Y por si alguien cree que el panorama en Polonia no está siendo un lúgubre
viaje en el túnel del tiempo, le clarificará conocer la iniciativa de
cincuenta diputados del partido gobernante el pasado mes de diciembre. Su
propuesta era nada menos que nombrar a Jesucristo rey de Polonia. “Queremos
que Jesucristo sea nombrado rey de los polacos”, afirmó el parlamentario
Artur Górski, del gobernante Ley y Justicia. “Polonia necesita más que nunca
el liderazgo y la ayuda divina para afrontar los nuevos tiempos”, añadió el
diputado. Efectivamente como no reaccionen los polacos, eso no lo salva ni
dios.
Pascual Serrano distinguido y reconocido periodista español.
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