Felipe Calderón: presidente espurio
Gilberto López y Rivas
Con justificaciones legalistas y una interpretación anodina y contradictoria del derecho, la Constitución y las leyes, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) actuó conforme al libreto preparado por quienes desde la cúspide del poder económico, político y militar decidieron imponer a Felipe Calderón como presidente de la República. Se consuma el "golpe de Estado técnico" o "ruptura del orden constitucional" que trastoca toda legalidad, legitimidad y credibilidad de las instituciones "democráticas" y que seguramente llevará a millones de mexicanos a continuar una resistencia cívica en proceso de construcción y de incierto futuro, pero de obligada opción por congruencia ética y política.
Se expresa así la crisis institucional que conlleva la mundialización capitalista neoliberal, con estados autoritarios y corruptos, coludidos con las redes corporativas y, en muchos casos, el crimen organizado, y con tendencias estructurales a violentar sistemáticamente sus fundamentos de legalidad y estado de derecho y, por ende, a vaciar de contenido los procesos democráticos enaltecidos por los ideólogos del capitalismo neoliberal.
Ana María Rivadeo, en su libro Lesa patria: nación y globalización (México, UNAM, 2003), describe lo que considera Estado nacional de competencia como una nueva forma del Estado autoritario. "Esta se articula en torno a una desdemocratización de las instituciones liberal democráticas, impuesta por medio del recurso de 'los hechos' que exige la competencia capitalista trasnacional. O sea, que esa desdemocratización se apoya, en lo esencial, en el vaciado, la ineficacia y la insignificancia inducidas de las instituciones liberal democráticas. Estas torsiones no involucran, sin embargo, ningún retroceso o debilidad del Estado. El Estado nacional de competencia es un vigoroso interventor, tanto en el plano económico como en las dimensiones política, social, ideológica, cultural y militar; el neoliberalismo es una doctrina exacerbadamente estatista; y el 'libre mercado' es una construcción político estatal instituida y sostenida, asimismo, por la coerción y la represión." (pp. 310-311)
Este autoritarismo se ha dejado sentir en todo el país con el creciente clima de
militarización abierta y encubierta, la sistemática criminalización de la
disidencia y los rumores e informaciones sobre preparación de grupos
paramilitares y parapoliciacos al servicio de la represión gubernamental y la
ultraderecha. Los ataques de sicarios y fuerzas de seguridad contra integrantes
de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), con su secuela de
muertos, heridos y detenidos; así como las amenazas y agresiones contra
adherentes de la otra campaña; los actos de formal prisión contra los
dirigentes de Atenco; y las denuncias de provocaciones de las juntas de buen
gobierno en Chiapas son hechos recientes de una política represiva generalizada
que Felipe Calderón considera de "mano firme".
Los grupos de inteligencia del Estado, Sección Segunda del Ejército y Centro de
Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), andan muy activos, recabando
información sobre los "grupos subversivos" y realizando algunas acciones
concretas. Hace unos días, por ejemplo, se interfirió la señal de La Voladora
Radio, en Amecameca, estado de México, obligándola a salir del aire en siete de
los nueve municipios que cubría. Los miembros de este colectivo, adherentes a la
Sexta Declaración y a la otra campaña, fueron amenazados en su integridad
física y la de sus familias, en mensajes soeces que pretenden acallar esta
importante voz de la radiofonía independiente. Lo mismo esta ocurriendo con la
organización Jóvenes en Resistencia Alternativa, colectivos de la otra
campaña en Puebla y en otros estados del país.
El poder que impuso a Calderón está subestimando la reacción de importantes
sectores del pueblo mexicano y pretende que el desgaste y las campañas
mediáticas se harán cargo de la oposición contra la Presidencia impuesta. Sin
embargo, existen al menos cuatro formas político-organizativas que plantean una
lucha frontal contra el gobierno en ciernes: 1) Un movimiento ciudadano de corte
democrático popular bajo la conducción de AMLO y apoyado por la estructura
burocrática, de gobierno y representación parlamentaria de los partidos de la
coalición Por el Bien de Todos. 2) La "comuna de Oaxaca" que se origina en una
movilización gremial y ante la represión del gobernador, se transforma en una
experiencia de gobierno popular con representación de diversos sectores sociales
y de los pueblos indios, con un alcance histórico todavía no valorado en todas
sus dimensiones por la simultaneidad con el movimiento cívico. 3) El EZLN y
la otra campaña, que pasan por momentos de debate y definición, pero que
representan una fuerza política cuyos fundamentos descansan en las experiencias
de los procesos autonómicos del "mandar obedeciendo" y que intenta desde una
perspectiva anticapitalista establecer un polo popular nacional que logre la
hegemonía de un poder constituyente; y 4) Los grupos armados con un proyecto
socialista y una estrategia de guerra popular prolongada que implica acumulación
de fuerzas, autodefensa y sobrevivencia hasta alcanzar el poderío suficiente
para una fase nacional ofensiva. Probablemente, cada movimiento siga sus propios
derroteros, o en un momento dado mantengan coincidencias puntuales. Lo
importante es la conciencia creciente de que las cosas no pueden seguir como
están y que hay situaciones extremas que un pueblo no puede tolerar. ¡No al
presidente fraudulento!